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El Tribunal Supremo resuelve algunas de las dudas suscitadas en relación con la remuneración de los administradores societarios

Debe respetarse el principio de reserva estatutaria, afecta a todos los administradores, sean o no consejeros delegados o ejecutivos, no vale que el Consejo de Administración pueda establecer la remuneración para los consejeros ejecutivos por el ejercicio de las funciones ejecutivas que realizan, los consejeros delegados o ejecutivos, deberán firmar un contrato con la sociedad cuyo contenido ha de ajustarse al «marco estatutario». Todo se debe al recurso de casación 3574/2017, presentado por un Registrador Mercantil que había calificado negativamente la solicitud de inscripción en el Registro de la siguiente cláusula estatutaria: «El cargo de administrador no será retribuido, sin perjuicio de que, de existir consejo, acuerde éste la remuneración que tenga por conveniente a los consejeros ejecutivos por el ejercicio de las funciones ejecutivas que se les encomienden, sin acuerdo de la junta ni necesidad de previsión estatutaria alguna de mayor previsión del concepto o conceptos remuneratorios, todo ello en aplicación de lo que establece el artículo 249.2º de la Ley de Sociedades de Capital». El Registrador mercantil deniega la inscripción de esta cláusula fundamentando que «dado que determina la no retribución del cargo de administrador, la regulación recogida a continuación, en cuanto permite al consejo de administración establecer remuneración para los consejeros ejecutivos para el ejercicio de las funciones ejecutivas, sin acuerdo de la junta ni necesidad de previsión estatutaria, vulnera el principio de reserva estatutaria de la retribución, dado que tanto la existencia de retribución como el concreto sistema de retribución de los administradores, son circunstancias que deben constar necesariamente en los estatutos sociales, ya sea en la constitución de la sociedad o en las ulteriores modificaciones de los mismos, cuya competencia es exclusiva de la junta de socios y no del consejo de administración…» El TS en su Sentencia núm. 98/2018, de 26 de febrero declara que, tras la reforma...

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¿Quiere saber más sobre el MODELO 720 de Obligación de Información sobre Bienes y Derechos en el Extranjero?

  Les recordamos que el plazo de presentación de la DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL SOBRE BIENES  Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO, modelo 720,  correspondiente al ejercicio 2017 finaliza el próximo 2 de abril de 2018. Deberán ser informados por parte de “personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria” los siguientes bienes y derechos, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la normativa específica: 1.Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero (cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito o depósitos dinerarios) Razón social o denominación de la entidad bancaria o de crédito, así como su domicilio. Identificación completa de las cuentas. Fecha de apertura o cancelación, o en su caso las fechas de concesión y revocación de la autorización. Saldos de las cuentas a 31 de diciembre y saldo medio del último trimestre del año. Saldo de la cuenta en la fecha en la que se dejó de tener la condición de titulares, representantes, autorizados, beneficiarios, personas con poderes de disposición o titulares reales (según la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales). Debe informarse el SALDO A 31 DE DICIEMBRE de la cuenta así como el SALDO MEDIO DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO. En caso de perder la condición de titular, representante, autorizado… antes del 31 de diciembre, se deben indicar los saldos anteriores en la fecha de pérdida de dicha condición. 2. valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica, los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, los valores aportados para la administración o gestión a cualquier instrumento jurídico (fideicomisos o “trust”), las acciones y participaciones en Instituciones...

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¡PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE BOLSAS DE PLÁSTICO Y POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE PRODUCTORES DE PRODUCTOS!

  PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE BOLSAS DE PLÁSTICO Y POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE PRODUCTORES DE PRODUCTOS (REPP) Con la finalidad de dar solución y para prevenir o reducir el impacto en el medio ambiente de los envases y de sus residuos fue aprobada la Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras. Como refleja el mismo Proyecto de Real Decreto al que hacemos hincapié, “el objetivo del presente Real Decreto es incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015.” Han sido extensivas las medidas que ha ido estableciendo el estado español para paliar y reducir las grandes cantidades de contaminación que produce el uso de bolsas de plástico de un solo uso, incluso se ha combatido contra este problema a través de la adquisición por parte de los organismos públicos de aquéllas con objeto de evitar la no reutilización y gestionar de una manera más eficiente los residuos. El origen de todo ello está en la inclusión dentro del contenido de la Directiva mencionada anteriormente, de la obligación impuesta a los comerciantes a partir del 1 de marzo de 2018 consistente en cobrar un precio por cada bolsa de plástico ligera entregada al consumidor, y prohibir a partir del 1 de enero de 2020, la entrega a los consumidores, en los puntos de venta, de bolsas de plástico ligeras, excepto si son de plástico compostable, incluyéndose tanto las bolsas suministradas de forma online como las entregas en el domicilio. Asimismo, en aras de obligar a los contribuyentes a informar sobre la disposición o...

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¡MODIFICACIÓN DEL TIPO IMPOSITIVO DEL IMPUESTO SOBRE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO EN ANDALUCÍA!

IMPUESTO SOBRE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO EN ANDALUCÍA   Aprovechando la modificación del Tipo Impositivo de este Impuesto con efectos desde 2018, venimos a realizar una breve exposición de la normativa a tratar. Este Impuesto fue fruto de la publicación de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad, con una finalidad medioambiental, gravando el suministro de bolsas de plástico por los establecimientos comerciales situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Más concretamente, en el artículo 7.3 de dicha ley se recoge el hecho imponible:” Suministro de bolsas de plástico por un establecimiento comercial entregadas a los consumidores en los puntos de venta”. A continuación recogemos las EXENCIONES previstas y aplicables en este Impuesto: Las bolsas de plástico suministradas por establecimientos comerciales dedicados a la venta minorista cuyos titulares estén dados de alta exclusivamente en alguno de los epígrafes de la agrupación 64 del Impuesto sobre Actividades Económicas (Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos permanentes), con excepción de los epígrafes comprendidos en los grupos 645 (Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases.), 646 (Comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de fumador) y 647 (Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general). Las bolsas reutilizables (son las bolsas que se venden para su reutilización) Las bolsas biodegradables Por otro lado, al hilo de lo reflejado anteriormente, los SUJETOS PASIVOS de este impuesto son los titulares de establecimientos que suministren bolsas de plástico de un solo uso a los consumidores, así como los entes sin personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (comunidad de bienes, herencia...

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Los retos de las pequeñas empresas: su tamaño y dirección

La importancia de las pequeñas y medianas empresas en la economía española es indudable, no resulta exagerado asegurar que son el motor del crecimiento en España. Con todo, son las Pequeñas  Empresas las que mayores problemas presentan, pero también las que mayor potencial ofrecen  en la aplicación de soluciones. Es evidente que se enfrentan a más dificultades con respecto a las medianas y las grandes. De todas ellas destacaría como los principales puntos a abordar: La DIMENSIÓN y La DIRECCIÓN o GESTIÓN Alcanzar el tamaño óptimo es una de las tareas más difíciles de la economía de la empresa y está íntimamente ligada a la práctica de una gestión eficiente, profesionalizada y conocedora del mundo empresarial. El crecimiento es un camino que puede llevar a estas empresas a la mejora de la productividad, permitiéndoles ser más competitivas y asegurándoles su supervivencia a largo plazo. ¡El crecimiento es esencial para su propio éxito!. Desgraciadamente, la gran mayoría de estas empresas se han constituido careciendo del capital necesario para iniciar su andadura y, en muchos casos, han visto la luz gracias al enorme esfuerzo y lucha de sus promotores, quienes llegan incluso a comprometer su patrimonio personal con el fin de obtener una  financiación adecuada para su proyecto. En suma, no resulta difícil encontrarse con: -Empresas en las que los empresarios,  focalizan su atención en el desarrollo de la actividad cotidiana de la misma, apartados de cualquier planificación futura, provocando con ello una cierta acomodación en su operativa que genera distorsiones  en la  perspectiva  y  gestión  global  del  negocio. -Empresas inmersas en procesos de crecimiento o internacionalización que, como consecuencia del mismo, necesitan reforzar su capacidad de gestión, financiación  y estructuración operativa a fin de asegurar un crecimiento rentable y sostenible. -Empresas con estructuras de micropymes carentes de información económico-financiera que les permita mejorar no solo su gestión si no también su...

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PLAZO MODELO 720 : Declaración Informativa Anual sobre Bienes y Derechos Situados en el Extranjero

Desde MCA Asesores, les recordamos que el plazo de presentación de la DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL SOBRE BIENES  Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO, Modelo 720,  correspondiente al ejercicio 2016 finaliza el próximo 31 de marzo de 2017. Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT (herencias yacentes, comunidades de bienes, etc.) deben suministrar a la Administración tributaria, salvo en determinados supuestos o exoneraciones, la siguiente información: a) Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición. b) Información sobre valores o derechos representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de cualquier tipo de entidad jurídica, sobre valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, sobre valores aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y «trusts» o masas patrimoniales que, no obstante carecer de personalidad jurídica puedan actuar en el tráfico económico, y sobre las acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de instituciones de inversión colectiva, de los que sean titulares y se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en el extranjero. c) Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero. Estas obligaciones se extienden a quienes...

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La solapada subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

La repercusión del valor catastral en nuestro sistema tributario es indiscutible ya que sirve de referencia para el cálculo de la base imponible de algunos de los impuestos más importantes: Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) Impuesto sobre el Patrimonio (IP) sobre el incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) Gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes En la determinación del valor catastral no solo influye la ponencia de valores catastrales, sino que también son determinantes las condiciones particulares de nuestro inmueble. La impugnación de los valores derivados de la ponencia de valores, es ciertamente complicado una vez aprobada la misma, pero sin embargo, la aplicación concreta de la misma a nuestro inmueble presenta multitud de elementos discrecionales que se pueden discutir además de numerosas imprecisiones o errores. De esta manera debemos estar muy atentos a cualquier alta o alteración catastral, porque es justo en el momento de la comunicación de la misma, cuando resulta más fácil revisarla o corregirla. Aún así en caso de errores en las características fundamentales del inmueble, puede solicitarse en cualquier momento, la correspondiente rectificación, y a partir de la misma, también la adecuación del valor catastral. La norma de valoración catastral presenta a un gran abanico de posibilidades y de coeficientes para poder dar respuesta a las condiciones singulares de los inmuebles, pero en la práctica, salvo que el interesado lo reclame, la administración no hace uso de estos coeficientes y se adoptan valores medios o medio-altos. Así, por ejemplo, el coeficiente por conservación nunca se aplica si no se solicita debidamente justificado mediante un informe realizado por un técnico. También se suelen obviar reducciones que se...

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La importancia de saber el menoscabo económico que supone una baja por incapacidad temporal

Hay ciertos temas que no podemos precisar más que a raíz de un criterio profesional. El saber si con el paso del tiempo podemos enfermar o accidentarnos es más cuestión de qué actividades realizamos que de la suerte o el azar. El riesgo inherente en las actividades cotidianas, ya sean por trabajo, ocio o deporte, juega un papel muy importante aunque la buena o la mala suerte tenga su porción de influencia en la probabilidad. Es importante, primeramente, conocer las reglas que determinan una u otra condición cuando se sufre una incapacidad temporal (IT). Qué cobraremos o dejaremos de ingresar durante la IT y cómo nos afecta el tiempo que permanezcamos de baja son los puntos más frecuentes en cuanto a problemática. La casuística varía pues en función de nuestra actividad: Asalariados (Trabajadores por cuenta ajena). Puesto que cotizan por todo lo que ingresan, salvo que excedan el tope máximo de cotización, sólo dejarán de percibir la parte variable relacionada con su actividad (comisiones, productividad, dietas, kilometraje, guardias, etc…). De esta manera, las personas cuya parte variable sea una parte sustancial del sueldo, verán más afectada su economía durante el proceso de IT. Autónomos (Trabajadores por cuenta propia). Estos pueden elegir su base de cotización y por ello, la mayoría de la veces cotizan por la base mínima (actualmente 893,10€). Por otro lado, aunque se elija una base superior a la mínima, casi siempre se elije una base inferior a los ingresos reales. Con esto, en caso de IT, se percibirá el 75% de la base de cotización elegida, en el mejor de los casos, no de los ingresos reales. Dado que lo que se percibe de IT se utiliza para seguir cotizando, los ingresos netos reales serán muy inferiores, y al ser autónomo no habrá una empresa detrás que complemente la pérdida de ingresos. Funcionarios (Trabajadores de...

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Responsabilidad del empresario respecto de la Prevención de Riesgos Laborales

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El art. 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) impone al empresario una serie de obligaciones a fin de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, reconociendo al trabajador el derecho a una protección eficaz en esta materia. En este sentido, establece el artículo 42 de la LPRL que “el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento”. Responsabilidad administrativa. El incumplimiento por parte del empresario de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales genera una responsabilidad administrativa. Las sanciones previstas (art. 39 y siguientes de la LISOS) son, principalmente, de carácter económico y oscilan entre los 40 y los 819.780 euros de multa, según se trate de infracciones leves, graves o muy graves. Por otra parte, cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en las infracciones cabrá la sanción consistente en la suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado o, incluso, en el cierre del centro de trabajo correspondiente (art. 53 LPRL). Además, podrá limitarse la facultad de contratar con la Administración cuando se hayan cometido infracciones administrativas muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, o constitutivas de delito Responsabilidad penal. El Código Penal establece diversos tipos penales: a) El delito contra la seguridad y salud en el trabajo tipificado en el art. 316 del Código Penal (CP) según el cual “los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física,...

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Apoyo a la Iniciativa Empresarial Joven en Andalucía

Según adelantábamos el pasado 23 junio, El Instituto Andaluz de la Juventud ya ha hecho públicos los requisitos y plazos para poder solicitar la línea de subvenciones, denominada INNOVACTIVA 6000, dirigidas a jóvenes andaluces, o residentes en Andalucía, menores de 35 años para poner en marcha proyectos empresariales en Andalucía. INNOVACTIVA 6000 es un proyecto que regula la concesión de subvenciones a jóvenes, menores de 35 años con estudios universitarios finalizados, o con estudios de Grado Superior de F.P, también finalizados y que pongan en marcha empresas en Andalucía, que cuenten al menos con dos o más socios, que generen así empleo, riqueza y bienestar social. Requisitos de los solicitantes: - Jóvenes andaluces o residentes en Andalucía, hasta 35 años de edad. - Que hayan finalizado estudios universitarios de algunos de los tres ciclos: Grado, Máster o Doctorado, o que hayan finalizado los estudios universitarios conforme a Planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto 1993/2007. - Que hayan finalizado los estudios de F.P. de ciclos formativos de Grado Superior. - Todas las titulaciones tienen que ser oficiales. Gastos subvencionables: - Gastos derivados de la constitución de la empresa (gastos relativos a la elevación a público de la constitución y registro). Se excluyen las aportaciones de capital. - Gastos de adquisición de equipos informáticos, mobiliario, inmovilizado material e inmaterial necesario y justificado para el funcionamiento de la empresa. Modalidades: - Las empresas que se constituyan deberán revestir alguna de las siguientes formas jurídicas societarias: Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad limitada, Sociedad de Responsabilidad Limitada Nueva Empresa, Sociedad Laboral, Sociedad Cooperativa. - Los proyectos deben estar avalados por un informe de viabilidad realizado por algunas de las entidades que establece la convocatoria, y que son : la Fundación Pública Andaluza "Andalucía Emprende", la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, la Confederación de Empresarios...

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