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Disolución y Reducción de Capital Obligatoria

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Determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital y para la disolución por pérdidas en sociedades de capital La normativa reguladora de la reducción obligatoria del capital social (sociedades  anónimas) y disolución por pérdidas (sociedades de capital) está recogida en los artículos 327, 360 y 363 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,  aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio. El Artículo 327 nos dice que: “En la sociedad anónima, la reducción del capital tendrá carácter obligatorio cuando las pérdidas hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto” El Artículo 360  nos indica: “1. Las sociedades de capital se disolverán de pleno derecho en los siguientes casos: b) Por el transcurso de un año desde la adopción del acuerdo de reducción del capital social por debajo del mínimo legal como consecuencia del cumplimiento de una ley, si no se hubiere inscrito en el Registro Mercantil la transformación o la disolución de la sociedad, o el aumento del capital social hasta una cantidad igual o superior al mínimo legal. Transcurrido un año sin que se hubiere inscrito la transformación o la disolución de la sociedad o el aumento de su capital, los administradores responderán personal y solidariamente entre sí y con la sociedad de las deudas sociales” Por último  el Artículo 363  entre las Causas obligatorias de la disolución de las  sociedades de capital incluye:  “e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso” Mediante el RDL 10/2008 (BOE 13/12/2008), se estableció un cómputo especial del Patrimonio...

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La creciente ola de renuncias a herencias por motivos fiscales

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¿Se encuentra usted en alguna de estas situaciones?: Mi herencia supera los 175.000€, y mi patrimonio personal es superior a 402.678,11€. Mi herencia tiene mayor cantidad de deudas (pasivo) que de bienes (activo). Las valoraciones oficiales de los bienes a recibir (a efectos del Impuesto sobre Sucesiones), son mayores que los valores de mercado de los mismos. Me resulta imposible pagar el Impuesto sobre Sucesiones por problemas de liquidez. Me Planteo renunciar a la herencia. Dispongo de Patrimonio Empresarial para dejar a mis herederos y necesito planificar mi testamento. No he oído hablar nunca de la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. ¡Si está en alguno de estos casos léame! Se están publicando muchas informaciones y noticias en los últimos tiempos relativas a la multitud de renuncias a herencias que se están produciendo supuestamente debidas a la imposibilidad de pagar el Impuesto sobre Sucesiones. Ciertamente, y ciñéndonos al ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, resulta difícil pensar que mucha gente renuncie a una herencia porque no puedan pagar el Impuesto sobre Sucesiones. Entre otras cosas porque en esta comunidad la gran mayoría de las herencias que se producen están exentas de este impuesto. En efecto, en Andalucía existen unos límites cuantitativos por debajo de los cuales no se paga este impuesto. Así, si se recibe una herencia cuyo valor no supera 175.000€, y el patrimonio personal de aquel que la recibe no es superior a 402.678,11€, no se pagará nada, siempre que el heredero sea ascendiente o descendiente directo del fallecido. Con estas cifras ya estamos viendo que se tiene que recibir un patrimonio muy extenso, o contar ya con un patrimonio bastante alto, para tener que pagar por el Impuesto sobre Sucesiones. Si esto es en Andalucía, lo mismo se puede predicar de prácticamente toda España, pues Andalucía es de las comunidades con mayor carga impositiva en...

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Rescate financiero a empresas y particulares

Con motivo de los acuerdos realizados por nuestro despacho con Inversores Privados, Entidades Asociadas y Financiera ponemos a su disposición, nuestro servicio de: RESCATE FINANCIERO A EMPRESAS Y PARTICULARES Nuestro Despacho opera a nivel Nacional e Internacional, estando muy especializado en las Áreas del Derecho, Contabilidad, Auditoria y Consultoría Empresarial, pudiendo atender dada nuestra relación con el mundo de los Negocios, Finanzas e Inversiones tanto a Empresas como a Particulares. Este servicio de rescate financiero está dirigido especialmente a empresas y particulares que puedan tener algún tipo de dificultad para obtener crédito por parte de las entidades bancarias para acometer sus proyectos, resolver sus deudas o problemas económicos. Para ello, disponemos de un Pool de Inversión compuesto por una Cartera de Inversores Privados y de Entidades Asociadas, a través de los cuales, una vez analizado el caso, con total rapidez, podremos ofrecer financiación privada que sirva de crédito puente o reflotación empresarial. En el 90% de los casos o más, absorbemos de forma directa, a través de nuestra propia cartera de inversores, las operaciones que requieren crédito privado, no obstante si los parámetros de riesgo de dicha operación, excediera los límites del perfil requerido por nuestros inversores, disponemos de acuerdos con otros Despachos o Entidades con los que tenemos sólidas alianzas comerciales, pudiendo defender y presentar su operación sin que esto signifique necesariamente una duplicidad de honorarios, debido a que muchos de nuestros inversores tienen participadas estas Entidades o Despachos. Somos conscientes que muchas personas y entidades, pueden llegar a valorar muy positivamente el poder contar con nuestro Despacho, desde donde podemos complementar los servicios profesionales que ofrecemos actualmente con soluciones eficaces y ágiles de crédito, sin que signifique un obstáculo el que puedan existir algún tipo de incidencias en ficheros de morosidad como Asnef Equifax o Credit Bureau, propiciadas en algunas ocasiones, por las...

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Cambio de criterio de la DGT sobre la sujeción al IVA de las operaciones realizadas por las comunidades de regantes

Consulta DGT V3420-15, de 10 Nov. Una empresa distribuidora y comercializadora de agua de un pueblo requiere a una comunidad de regantes, configurada como corporación de Derecho Público sin ánimo de lucro, parte de su caudal en épocas de verano dada la escasa recogida que acontece en esta temporada. Los ingresos obtenidos se destinan en su mayor parte al mantenimiento y reparación de las acequias. Se suscitan dos cuestiones: ¿Están sujetas al IVA las facturas emitidas por la comunidad de regantes a la empresa distribuidora y comercializadora del agua? y, ¿Repercute la venta del agua en los comuneros individual y proporcionalmente como atribución de rentas? A dichas preguntas responde la Dirección General de Tributos, en consulta de 10 de noviembre de 2015 indicando: 1. En relación a la sujeción al IVA de las facturas emitidas, la consulta de este Centro directivo V0578-12, señala que no están sujetas al IVA las operaciones realizadas por las comunidades de regantes para la ordenación y aprovechamiento de las aguas, entre las que se encuentran, en particular, los suministros de agua efectuados por dichas comunidades a sus miembros o en favor de otras entidades. Dicha doctrina debe ser revisada como consecuencia de distintos pronunciamientos efectuados por el TS que establecen que las operaciones realizadas por las comunidades de regantes consistentes en la distribución de agua no se incluyen en el supuesto de no sujeción del artículo 7.11º LIVA. Por tanto, las operaciones llevadas a cabo a título oneroso por comunidades de regantes a favor de sus miembros o en favor de otras entidades consistentes en la distribución-comercialización de agua, en los casos en los que sea posible adquirir, desalinizar y distribuir agua a título oneroso, estarán sujetas al IVA, no resultando de aplicación el supuesto de no sujeción del artículo 7.11º de la LIVA. Procede alinear la doctrina del...

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Tributación de los gastos de desplazamiento de socios profesionales de una sociedad de profesionales

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Según la Consulta Vinculante V2683-15, de 17 de septiembre de 2015 de la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, los Socios profesionales de una sociedad que percibe determinadas cantidades para compensar los gastos de desplazamiento, manutención y estancia como consecuencia de la actividad profesional. A dichas cantidades no les es de aplicación el artículo 9 RLIRPF (que exceptúa de gravamen determinadas cantidades destinadas por la empresa para gastos de locomoción, manutención y estancia de sus empleados al no tratarse de una remuneración propiamente dicha). Las cantidades abonadas en este caso por el socio profesional deberán calificarse como rendimientos de actividades económicas no encontrándose, por tanto, exoneradas de gravamen. Se trata por tanto de Socio profesional de una sociedad cuyos rendimientos se califican como rendimientos de actividades económicas conforme a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 27.1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Debido a que utiliza su vehículo particular para el desempeño de su trabajo en la sociedad, percibe de ésta adicionalmente determinadas cantidades para compensar los gastos por los desplazamientos realizados. No es posible la Aplicación a dichos importes del artículo 9 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que declara exceptuadas de gravamen determinadas cantidades destinadas por la empresa para gastos de locomoción, manutención y estancia de sus empleados. Debe indicarse que las denominadas legalmente asignaciones para gastos de locomoción y para gastos de manutención y estancia se incluyen con carácter general entre los rendimientos íntegros del trabajo, pero, excepcionalmente y al amparo de la habilitación contenida en el artículo 17.1.d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de...

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Novedades Fiscales y Tributarias para el 2016

Norma modificadora: Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el R.D. Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias Alcance: Arts. 8.3 (Las sociedades civiles no tendrán la condición de contribuyentes cuando no estén sujetas al Impuesto sobre Sociedades. Las rentas se atribuirán a los socios), 31.1 (nuevos límites y condiciones para el régimen de estimación objetiva), Disp. Trans. 19 (Disolución y liquidación de determinadas sociedades civiles) y Disp. Trans. 30 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (socios de sociedades civiles que tengan la condición de contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades)   Norma modificadora: Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras Alcance: Arts. 65 (Se limita la exención de las importaciones de bienes que se vinculen al régimen de depósito distinto del aduanero), y Apartado quinto del anexo (Régimen de depósito distinto de los aduaneros)   Norma modificadora: Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos Alcance: Se modifica el número 1 del artículo 71 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre,...

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Consideraciones a tener en cuenta en el IRPF antes de cerrar el 2015

1. En caso de despido laboral es importante acudir al SMAC para que la indemnización pueda quedar exenta. 2. Si ha sido despedido de una empresa habiendo cobrado una indemnización exenta, en el caso de que la misma empresa u otra vinculada le quiera contratar antes de que transcurran tres años desde que fue despedido, se presume que no existe desvinculación efectiva del empleador y, si no se puede probar lo contrario, habrá que presentar declaración complementaria en la que se incluya la indemnización. 3. Si no va a poder cobrar un derecho de crédito que no proceda de la actividad económica, y aún no lo ha reclamado judicialmente, lo mejor será hacerlo en 2015 y, de esta forma, ya en 2016 podrá computar la pérdida en su IRPF. 4 Si la contingencia de jubilación o discapacidad acaeció en 2010 o anteriores y quiere beneficiarse de una prestación en forma de capital con reducción del 40%, debe tener en cuenta que ha de rescatarlo, como muy tarde, antes de 31 de diciembre de 2018. Si la contingencia se produjo de 2011 a 2014, el cobro de la prestación deberá realizarlo antes de que termine el octavo ejercicio siguiente al que tuvo lugar la contingencia. Finalmente, si la contingencia se ha producido o se producirá en 2015, para aprovechar la citada reducción deberá cobrar la prestación en forma de capital como muy tarde hasta el 31 de diciembre de 2017. 5. Para decidir cuándo cobrar las prestaciones de los sistemas de previsión social, hay que considerar también las cuantías de otras rentas que vayan a la base general, porque se sumarán a las del rescate y determinarán el tipo medio de gravamen, por lo que interesa efectuar el rescate en el año en el que el resto de rentas sea menor. 6. Con vistas a 2016 al trabajador...

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Consideraciones para el cierre fiscal en el Impuesto de Sociedades 2015

1. Si una entidad realiza la actividad de alquiler de inmuebles, la misma se calificará como actividad económica si cuenta con una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa y carga de trabajo suficiente. Además, si se trata de un grupo del artículo 42 del Código de Comercio (C. de C.), la titularidad de los inmuebles puede tenerla una empresa del grupo y el empleado otra. 2. Si una entidad se califica como patrimonial –lo cual sucede si en la media de los cuatro trimestres del ejercicio iniciado a partir de 1 de enero de 2015, más del 50% de su activo está constituido por valores o por elementos no afectos– puede acarrear algún problema como no poder aplicar el régimen de empresas de reducida dimensión o que, al transmitir sus participaciones, no quede exenta la parte de la renta que se corresponda con las plusvalías tácitas generadas durante la tenencia de la participación. 3. Las entidades cuyo objeto es la prestación de servicios, ya en ejercicios iniciados en 2015, se le puede aplicar la regla de imputación de operaciones a plazo. Conviene tener en cuenta que esto supone integrar, cuando sea exigible cada plazo, el beneficio que le reporta a la empresa la prestación de ese servicio, esto es, el diferencial del ingreso menos los gastos, no solo el ingreso. 4. En todo caso, si la empresa está pensando en realizar una operación con precio aplazado, lo cual puede ser interesante desde el punto de vista fiscal, debe tener buen cuidado de que esto se pueda probar y que en el contrato se especifique cuándo vencen los plazos, porque, en caso contrario, podría entenderse que no es una operación de esta naturaleza, sino que, simplemente, se han producido retrasos en el cobro. 5. A la hora de transmitir bienes o derechos...

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Novedades de la Nueva Orden de Módulos para el año 2016

En el Boletín Oficial del Estado del 18 de noviembre se ha publicado la Orden HAP/2430/2015, de 12 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2016 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Serán de aplicación las nuevas magnitudes excluyentes por volumen de ingresos íntegros, que será de 250.000 euros anuales, para el conjunto de actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales (sin embargo, no podrá aplicarse cuando el volumen de los rendimientos íntegros que corresponda a operaciones por las que estén obligados a expedir factura, cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, supere 125.000 euros anuales), la magnitud en función del volumen de ingresos para el conjunto de actividades agrícolas, forestales y ganaderas, que será de 250.000 euros anuales y la magnitud en función del volumen de compras de bienes y servicios, que será de 250.000 euros anuales para el conjunto de todas las actividades económicas desarrolladas. Se excluyen de la aplicación del régimen de estimación objetiva las actividades incluidas en la división 3, 4 y 5 de la sección primera de las Tarifas del lAE a las que se aplica el tipo de retención del 1%, (como las actividades de confección en serie de prendas de vestir, albañilería y pequeños trabajos de construcción en general, instalaciones de fontanería, carpintería, fabricación) y se revisan las magnitudes específicas para su inclusión en el método de estimación objetiva para el resto de actividades sujetas a dicha retención. Para el resto de actividades, se mantienen para el ejercicio 2016 la cuantía de los módulos y los índices de rendimiento neto de las actividades agrícolas y ganaderas, excepto...

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Las sociedades laborales tienen 2 años para adaptar sus estatutos a la nueva ley

La ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, publicada en el BOE de 15 de octubre de 2015, ha entrado en vigor el 15 de noviembre e introduce algunos cambios que implicarán para algunas sociedades laborales la necesidad de adaptar sus estatutos en el plazo de dos años, es decir, antes del 15 de noviembre de 2017. De no hacerlo, no podrán inscribir documentos en el Registro mercantil. Las principales diferencias entre la regulación de la Ley 44/2015 y la anterior vigente, la Ley 4/1997 son: REQUISITOS: Según la nueva ley, para que una sociedad pueda obtener la calificación de «Sociedad Laboral»: a) Al menos la mayoría del capital social he de ser propiedad de trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos de forma personal y directa, en virtud de una relación laboral por tiempo indefinido. b) Ninguno de los socios puede ser titular de acciones o participaciones sociales que representen más de la tercera parte del capital social, salvo que: La sociedad laboral se constituya inicialmente por dos socios trabajadores con contrato por tiempo indefinido, en la que tanto el capital social como los derechos de voto estarán distribuidos al cincuenta por ciento, con la obligación de que en el plazo máximo de 36 meses se ajusten al límite establecido. (Esta posibilidad no se contemplaba en la anterior Ley 4/1997) En los supuestos de transgresión sobrevenida de los límites anteriores, la sociedad estará obligada a acomodar a la ley la situación de sus socios, en el plazo de dieciocho meses a contar desde el primer incumplimiento.(En la anterior ley el plazo era de doce meses) c) Que el número de horas-año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios no sea superior al cuarenta y nueve por ciento del cómputo global de horas-año trabajadas en la sociedad laboral...

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