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Supuestos en los que las Empresas habrán de tener en cuenta la intervención del Auditor de Cuentas

La normativa mercantil, además de regular las condiciones para las que las empresas han de someter a auditoria sus cuentas anuales, determina una serie de circunstancias para la que es necesaria la intervención de un auditor. Estas circunstancias se dan tanto para las Empresas Obligadas a Auditarse como las que no lo están. Exponemos a continuación brevemente tales circunstancias. Intervencion del Auditor en los Supuestos de Aumento del capital social: A) AUMENTO DE CAPITAL POR COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS El  art. 301.3 de la  LSC y art. 168.3 RRM prevé que en la Sociedad Anónima, y a diferencia de las  Sociedades Limitadas, al tiempo de la convocatoria de la junta general que deberá pronunciarse sobre el acuerdo, se pondrá a disposición de los accionistas en el domicilio social una certificación del auditor de cuentas de la sociedad que, acredite que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos a compensar. Si la sociedad no tuviere auditor de cuentas, la certificación deberá ser expedida por un auditor nombrado por el Registro Mercantil a solicitud de los administradores. B) AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS El art. 303.2 LSC y art. 168.4 RRM prevé que para esta operación deberá servir de base un balance aprobado por la junta general referido a una fecha comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo de aumento del capital, verificado por el auditor de cuentas de la sociedad, o por un auditor nombrado por el Registro Mercantil a solicitud de los administradores, si la sociedad no estuviera obligada a verificación contable. Intervención del Auditor en los Supuestos de Reducción del capital A) REDUCCION DE CAPITAL PARA COMPENSAR PÉRDIDAS El art. 323.1 LSC y el art. 171.2 RRM  establece que El balance que sirva de base a la operación de reducción del...

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No olvide la obligación de relacionarse electrónicamente

Según lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la Disposición Final Séptima de la misma (en general determina que la entrada en vigor de la norma se produce al año de su publicación), tal y como lo interpreta la AEAT, a partir del 2 de octubre obligatoriamente se tienen que relacionar electrónicamente con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos los siguientes sujetos: