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Asesoramiento Jurídico

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Plazos de una herencia

Una pregunta muy habitual cuando se afrontan las gestiones de una herencia es la de saber cuál es el plazo que se tiene para hacer todos los trámites. Sin embargo, el Código civil no establece ningún plazo específico para aceptar y repartir la herencia, ni para hacer la declaración de quiénes son los herederos, pudiendo hacerse en teoría en cualquier momento. Y es que en realidad los plazos vienen establecidos no por la normativa en sí de la herencia, sino por la normativa fiscal que regula las declaraciones de impuestos que hay que presentar como consecuencia de una herencia. Así, tanto en el Impuesto sobre Sucesiones (gestionado por las comunidades autónomas), que se debe presentar en toda herencia, como en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (más conocido como “Plusvalía urbana”, gestionado por los ayuntamientos), que se debe presentar cuando en la herencia hay bienes inmuebles, se establece el plazo máximo de 6 meses para su presentación. Este plazo, por tanto, de 6 meses es el que comúnmente se conoce como “plazo de la herencia”, pero ya decimos que viene impuesto por los tributos a presentar, y no porque haya un plazo necesario para acudir al Notario o para firmar cualquier documento de aceptación y reparto de herencia. Si bien es verdad que, en definitiva, y a efectos prácticos, estas operaciones de aceptación y reparto de herencia habrá que efectuarlas antes de transcurridos 6 meses, pues son operaciones necesarias para poder presentar los impuestos. De ahí que finalmente se deba concluir como cierta la creencia popular de existir un plazo de 6 meses para las operaciones de herencia, aunque aquí hemos explicado a qué concretamente es debido ello. Por otra parte, en estas consideraciones sobre los plazos de la herencia, no podemos dejar de advertir otra...

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He recibido una herencia ¿podré pagar los impuestos derivados de ella?

Es una duda habitual cuando se recibe una herencia preguntarse si se va a tener la capacidad económica para pagar los impuestos derivados de ella. Los herederos suelen preguntar sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, al ser el primero que viene a la mente en estos casos debido a que su propio nombre hace indicar que este es el impuesto “propio” de la herencia. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, e incluso en las comunidades autónomas en que la tributación por el Impuesto sobre Sucesiones es más alta (Andalucía entre ellas), el recibir una herencia no supone tener que pagar nada por este impuesto, al no solerse superar el mínimo exento establecido en el mismo. Tan sólo en casos de gran patrimonio hereditario o parentesco lejano se tendrá que pagar por este concepto. No obstante, el peligro está en otro tributo, mucho más desconocido para el gran público: el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como “plusvalía”. Se trata de un impuesto municipal que grava las transmisiones de viviendas, y no sólo cuando son por compraventa u otro negocio, sino también por herencia. Por lo que si entre los bienes que se reciben se encuentra algún inmueble, se habrá de pagar este impuesto. Y en este IIVTNU no hay límites exentos como en el de Sucesiones, ni beneficios por parentesco cercano. Prácticamente en todos los casos se debe pagar, y no sólo el que recibe la propiedad, sino también aquel que simplemente se queda como usufructuario de la vivienda. Ciertamente, la Ley prevé que las ordenanzas fiscales de cada municipio puedan establecer una deducción de hasta el 95% en caso de inmuebles recibidos por herencia, pero por la actual bajada de ingresos de los ayuntamientos debido a la crisis muy...

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Modificación de medidas económicas de divorcio

Con la crisis económica, resulta evidente que muchos españoles han visto mermados de manera considerable sus ingresos. Esta situación puede hacer nacer el derecho, en las personas obligadas al pago de pensiones por divorcio, a solicitar judicialmente la modificación a la baja de las medidas económicas impuestas en dicha sentencia de divorcio. No obstante, para ello es necesario que la mencionada merma de ingresos reúna determinadas características, básicamente que tenga carácter estable y sea ajena a la voluntad del que la alega, amén de acreditarse que efectivamente existe dicha merma económica. Este último punto puede parecer de Perogrullo, pero en realidad es el motivo por el que muchas veces se desestiman estas solicitudes de reducción de pensión. Así, en ocasiones se ha considerado por los juzgados, por ejemplo, que la pérdida de un trabajo por despido no es constitutiva de modificación si el importe de la indemnización por despido es de tal magnitud que permite mantener el pago de pensiones durante un periodo de tiempo prudencial. También se ha considerado en ocasiones que el despido no supone pérdida de capacidad económica si se dispone de propiedades o bienes con que hacer liquidez. Por tanto, si bien la posibilidad de solicitar la modificación de las medidas económicas del divorcio es una buena opción para ex-cónyuges que realmente han visto disminuida su capacidad económica y les cuesta hacer frente al pago de pensiones, hay que estar bien seguros del cumplimiento de todos los requisitos exigidos y de que se dispone de todas las pruebas pertinentes para acreditar la situación económica devaluada, pues de lo contrario podríamos malgastar todo un procedimiento judicial, con el coste de dinero y tiempo que ello supone. En MC&A ASESORES podemos estudiar su caso y comprobar que se cumplen las condiciones para que su reclamación termine en éxito. Llámenos....

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Asesoramiento Jurídico – Prensa

Andalucía expedienta a ocho bancos por no registrar sus viviendas protegidas Sevilla. (Agencias).- La Junta de Andalucía ha abierto expedientes sancionadores a ocho entidades financieras porque no han puesto a disposición de los registros municipales de demandantes de viviendas las VPO (viviendas de protección oficial) que tenían en sus balances,...

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Qué es el concurso de acreedores

Se denomina concurso de acreedores al procedimiento legal que se origina cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda. Con este procedimiento se busca la igualdad de trato entre todos los acreedores de la misma clase. ¿Quién puede declararse en concurso de acreedores? La declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica. Por excepción, no podrán ser declaradas en concurso las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público. ¿Cuándo es necesario declararse en concurso de acreedores? Cuando esté en situación de insolvencia, es decir, cuando no pueda cumplir regularmente con sus obligaciones corrientes. Son indicios de insolvencia: El impago general de obligaciones. La existencia de embargos que afecten de una manera general al patrimonio del deudor. El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor. El incumplimiento generalizado de obligaciones tributarias o de la seguridad social, durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso así como la falta de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades ¿Es obligatorio declararse en Concurso de Acreedores? Sí, es obligatorio en el plazo de 2 meses desde la fecha en conoció o debió conocer la insolvencia. Su incumplimiento podría suponer responsabilidades para el deudor. El deudor que dentro de ese plazo de 2 meses desde la situación de insolvencia, ponga en conocimiento del juzgado que ha iniciado negociaciones con sus acreedores para una propuesta de convenio anticipado, dispone, desde dicha comunicación, de 3 meses para obtener las adhesiones al convenio. En este caso, deberá solicitar la declaración del concurso en el mes siguiente a la finalización de este plazo de tres...

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Consumidores: Condiciones Generales Abusivas,Clausula Suelo En Los Préstamos Hipotecarios

En esencia, el Tribunal Supremo considera abusivas aquellas cláusulas suelo en las que no haya habido suficiente transparencia a la hora de informar al consumidor. Es una sentencia larga y compleja que en estos momentos está estudiando con detenimiento nuestro equipo jurídico para extraer todas sus conclusiones. Acceso a la sentencia Junio 2013...

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¿Está Afectado por los desahucios?

Le resumimos el contenido de la  Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Esta Ley prevé la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. La suspensión de los lanzamientos afectará a las personas que se encuentren dentro de una situación de especial vulnerabilidad. Requisitos: Familias numerosas, las familias monoparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un menor de tres años o algún miembro con discapacidad o dependiente, o en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones sociales o, finalmente, las víctimas de violencia de género. Los ingresos no podrán superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Este límite se eleva respecto de unidades familiares en las que algún miembro sea persona con discapacidad o dependiente o que conviva con personas con discapacidad o dependientes. Es necesario que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por ciento de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, o que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma. Por último, la Ley introduce que en la venta extrajudicial el Notario pueda suspender la misma cuando las partes acrediten que se ha solicitado al órgano judicial competente, en la forma prevista por el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, que dicte resolución decretando...

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Embargos de la Seguridad Social por medios telemáticos

El B.O.E. del martes 12 de febrero de 2013 publicó la Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 17 de julio de 2001, por la que se dictan instrucciones para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito. Según esto, la necesidad de adaptar los procedimientos de gestión de embargo a las crecientes exigencias económicas y sociales ha determinado que, en el seno de la Comisión de seguimiento del procedimiento establecido, se haya considerado oportuno eliminar el tope máximo de la cuantía a embargar por medios telemáticos, en aras de una mayor eficacia de la gestión recaudatoria ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social, al evitar así la presentación de diligencias de embargo en soporte papel. Se introducen cambios en los plazos de transmisión de ficheros correspondientes para conseguir una mayor agilidad en la obtención de la información. En ese sentido, se modifica el plazo de la transmisión de ficheros de la Fase 1, Solicitud de información, de forma que se minore de un mes a 20 días naturales , para que la TGSS pueda transmitir dichos ficheros a las entidades de depósito con una periodicidad no inferior a 20 días naturales. Se reduce el plazo de transmisión a la Gerencia de informática de la Seguridad Social de ficheros de Fase 4, por los que las entidades de depósito comunican el resultado de las actuaciones practicadas, acortando el plazo de cuatro a dos días hábiles a contar desde aquel en que se efectuó la retención. También se adecua el plazo de transmisión de los ficheros de la Fase 6, Comunicación del resultado final de las retenciones, a la finalización del plazo de retención, de manera que dichos ficheros de Fase...

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Los derechos de los socios en las sociedades mercantiles: El derecho a la información.

Los socios y accionistas de sociedades mercantiles tienen reconocidos en la Ley de Sociedades de Capital (art. 93) (LSC); como mínimo; los siguientes derechos: El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación. El de asunción preferente en la creación de nuevas participaciones o el de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones. El de asistir y votar en las juntas generales y el de impugnar los acuerdos sociales. El de información. De todos ellos, el derecho de información es un derecho mínimo e irrenunciable de la condición de socio y es un derecho independiente del derecho de voto. El derecho de información viene regulado en los art. 196 y 197 de la LSC (según se trate de Sociedades Limitadas o Anónimas). Así dicen estos artículos: Artículo 196. Derecho de información en la sociedad de responsabilidad limitada. Los socios de la sociedad de responsabilidad limitada podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique el interés social. No procederá la denegación de la información cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. Artículo 197. Derecho de información en la sociedad anónima. Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al...

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Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital

Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. La presente Ley tiene por objeto, en primer lugar, la reducción del coste de organización y funcionamiento de las sociedades de capital, la introducción de algunas normas de modernización del derecho de esta clase de sociedades, reclamadas insistentemente por la práctica, así como la supresión de algunas de las más injustificadas diferencias entre el régimen de las sociedades anónimas y el de las sociedades de responsabilidad limitada. En segundo lugar, la presente Ley pretende la trasposición a la legislación interna de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. La reducción de costes de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, se consigue mediante la eliminación de algunos requisitos de publicidad en prensa, oficial o privada, que si estuvieron justificados en épocas pasadas, han perdido significado en la época presente. Las medidas son: Forma de convocatoria de la junta general de socios: se suprime el carácter obligatorio de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en un diario de los de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social, con las dos únicas excepciones de que las acciones emitidas sean al portador o de que se trate de una sociedad cotizada. Derogación de la exigencia legal de que determinados acuerdos de modificación de los estatutos sociales tienen que anunciarse en periódicos como requisito necesario para la inscripción de esa modificación en el Registro...

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